Se ha entregado la primera fase del Plan Director de Gestión Patrimonial de Valparaíso (PDGPV). No sólo culmina un largo proceso, sino que se ha logrado una visión original y creativa, fundada en un cuerpo de conocimiento, herramientas técnicas e instrumentos de planificación de vanguardia que serán de la mayor utilidad.

La tarea no fue fácil, debido a las complejidades que surgieron en el curso del estudio; particularmente la cantidad y diversidad de interlocutores, con apreciaciones y objetivos que fue necesario conciliar. También influyó el hecho de que se trata de un estudio sin precedentes en varios aspectos, de manera que se han abierto nuevos caminos para el conocimiento y sus procesos, en beneficio tanto de Valparaíso como de otras ciudades.

Mirado en un contexto histórico, el PDGPV se enmarca en un proceso urbano, económico y político que es siempre de lenta evolución y difícil de percibir en su real magnitud por la opinión pública, especialmente si no se cuenta con un debido análisis. Esperamos, en este sentido, que los medios de comunicación y las organizaciones comunitarias, con quienes hemos colaborado estrechamente, nos ayuden a difundir, comprender y discutir con amplitud los alcances de este proyecto.

Los avances más tangibles del Plan Director son el empoderamiento de la ciudadanía y la toma de conciencia del particular valor y potencial de la ciudad a nivel nacional. Sin embargo, todavía existe confusión en la opinión pública respecto a qué es exactamente "patrimonio", concepto que suele quedar reducido a un aspecto meramente físico/ambiental, y ni siquiera muy nítido en ese caso. Es imprescindible percibir el patrimonio en su real magnitud e importancia de manera de poder preservarlo, y esto tiene mucho más que ver con un estilo de vida, una irrepetible manera de ser, que con atributos físicos posiblemente transitorios.

Otro debate fundamental es la conciliación de la inversión privada con la inversión pública, y de ambas con los intereses de conservación. Parte de este conflicto radica en la carencia de una normativa rigurosa y de una legislación que ofrezca incentivos eficaces para la conservación. También es cierto que en Chile, en virtud de nuestra filosofía económica imperante, se considera un error ponerle obstáculos a la inversión privada, aunque ésta literalmente arrase con la ciudad porque el bienestar del país supuestamente así lo exige. En el caso de un lugar tan sensible como Valparaíso, la inversión sin controles podría malograr para siempre el destino de la ciudad. Evidentemente éste es un tema ideológico, de control versus libertad, y sería interesante escuchar un debate al respecto en nuestro propio Parlamento, cosa que, sorprendentemente, no ha ocurrido.

En tanto el gobierno central no manifieste una voluntad de apoyo económico directo a Valparaíso en su condición de patrimonio universal, por no entramparse en un debate ideológico y de supuesta desigualdad con otras regiones, entonces las demandas y las decisiones deberán surgir del seno de la propia ciudadanía, con el ejemplo de una eficaz democracia participativa que ya es el estándar en otras latitudes, y que fijará el derrotero para otros barrios y ciudades chilenas.