REGIÓN

Tanto las autoridades locales como las instituciones de educación superior instaladas en la región, tienen como uno de sus objetivos primordiales convertir la zona en un importante polo de desarrollo universitario. En ciertos aspectos, el éxito está garantizado con la sola presencia de los planteles y la alta matrícula que presentan.

Para José Weinborn, rector de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar (UST), consolidar este trabajo depende de las casas de estudios. "La región tiene un potencial que ha sido descubierto por la reflexividad de los actores relevantes. Favorecer la preferencia que hay por las instituciones regionales y propiciar el fortalecimiento de ellas es tarea principalmente de nosotros, ya que los gobiernos sólo legitiman esa consolidación".

Los rectores Patricio Sanhueza de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y Julio Castro de la Universidad de Viña del Mar (UVM), señalan que hace falta generar servicios para que los estudiantes puedan desarrollar sus estudios y sus vidas con comodidad.

Es decir, se debe crecer en infraestructura, pero también en la oferta de residenciales, librerías, tiempo libre, actividad cultural y sólidas propuestas académicas. Ambos apuntan a que se debe mirar a los universitarios como aliados y no como personas que vienen a la región a "carretear" y alterar la cotidianidad.

Quienes dirigen las instituciones universitarias de la zona conocen y aprovechan el atractivo que ejerce la Región a estudiantes de otros lugares del país y el mundo.

Ya se ha formado una instancia de coordinación llamada REUNES, la que a juicio de algunos hace falta consolidar para obtener resultados palpables, aunque la cooperación interuniversidades ya es una realidad en nuestra región.

TERREMOTO

Faltaba poco para comenzar las clases y recibir a una gran cantidad de "mechones". Sin embargo, vino el terremoto y aguó el inicio del año académico. Las universidades de la zona no han podido mantenerse al margen de esta tragedia y trabajan en un catastro que permita identificar a los alumnos siniestrados para poder determinar qué ayuda se puede entregar.

Por ahora es bien recibido el aumento del plazo para la postulación a créditos y la disposición de una beca que entregará $30.000 pesos a cada estudiante que haya sido afectado por el cataclismo. Sin embargo, parece una medida insuficiente para quien debe pagar alojamiento, alimentación, pasaje, textos y la larga serie de gastos que implica cursar una carrera.

En cuanto a los daños en infraestructura, los edificios superaron la prueba y se encuentran con deterioros menores, que más bien afectan bienes muebles y equipamiento. Pero hay otras falencias que quedan al descubierto con este terremoto y maremoto.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Alfonso Muga, indica que "es relevante que el país redoble sus esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación. Hay áreas que son muy pertinentes a los efectos que dicen directa relación con el tema de los terremotos, la sismicidad del país y sus consecuencias sobre la salud de la población y la tranquilidad de las personas. Sería un gravísimo error entenderlos como prescindibles en las actuales condiciones".

Patricio Sanhueza (UPLA) cree que "hay que ver más allá del deterioro material y hay que reconstruir el deterioro espiritual. Tiene que ser la reconstrucción inteligente, hay que levantar otra forma de hacer las cosas, reconstruir también el alma dañada".

FINANCIAMIENTO

El punto que genera mayores discusiones radica en quién paga la educación superior, porque la delgada línea que diferencia a las instituciones públicas de las privadas es prácticamente invisible.

En el ámbito regional, las universidades de Playa Ancha (UPLA) y de Valparaíso (UV) son estatales, mientras la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV) y la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) son privadas, pero reciben importantes estímulos económicos del Estado y por su trayectoria forman parte de las casas de estudio tradicionales.

Esto se traduce en que son instituciones públicas.

En tanto, la Universidad de Viña del Mar (UVM), la Universidad del Mar, la Santo Tomás y la Aconcagua (UAC) son instituciones privadas. Igualmente reciben aportes del Estado, sólo el rector de UAC, Germán Carrasco, indica que "debe rascarse con sus propias uñas".

La estructura de financiamiento de la educación superior se compone por instrumentos como el Aporte Fiscal Directo (AFD), Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y un sistema de becas, crédito y fondos concursables; que lo dejan al alance de quien haga méritos para obtenerlos.

En este contexto, los rectores destacan que nos encontramos frente a un sistema exagerado en la participación del financiamiento privado en la ecuación, en que el Estado sólo aporta el 0.3% del PIB, frente a un 2,2% promedio en los países de la OCDE.

Rectores como Aldo Valle (UV), Julio Castro (UVM) y Patricio Sanhueza (UPLA) creen que se debe modificar el AFI, que entrega a un aporte a los 27.500 puntajes más altos en la PSU. Las más beneficiada con esta medida en la Universidad de Chile a nivel nacional y la Universidad Santa María en el ámbito regional.

Las sugerencias de cambio van por asignar fondos a quienes tienen más carencias económicas, académicas o bien entregar a los mejores puntajes pero sólo de colegios municipalizados y particulares subvencionados; pues indican que actualmente se reproducen las desigualdades de la educación media y beneficia a alumnos de colegios privados.

Al respecto, el rector Alfonso Muga (PUCV) prefiere no pronunciarse, mientras José Rodríguez (USM) rechaza la postura. "Me parece que no es equitativo, rompe las reglas de la libre competencia, la equidad y la transparencia".

En cuanto a instrumentos como créditos y becas, los rectores coinciden en que cada vez tienen una mayor cobertura y esperan que se siga ampliando, para asegurar en "acceso igualitario a la educación superior", como indica el rector José Weinborn (UST).

CALIDAD

Los desafíos que plantea la educación superior apuntan a un mejoramiento de la situación actual. El marco institucional, el sistema de financiamiento y los esfuerzos para el aseguramiento de la calidad están dados por una normativa vigente desde principios de los 90’, pero que indudablemente vivió importantes cambios con los sucesivos gobiernos de la Concertación.

Para muchos, estas reformas fueron débiles y la pasada gestión "nunca tuvo conciencia del rol democratizador y de integración simbólica y cultural que tiene la existencia de universidades estatales", como indica el rector Valle (UV). Su opinión es compartida por Patricio Sanhueza (UPLA), quien critica que "un área tan estratégica como la educación quedó entregada al mercado".

También hay miradas positivas a la gestión de la Concertación. Alfonso Muga (PUCV) plantea que "haciendo una línea gruesa, son más los puntos favorables". Entre ellos, destacan las becas de estudio en el extranjero para la educación técnica, que a juicio del rector Castro (UVM) "han contribuido a revalorar este tipo de carreras en la sociedad chilena".

Germán Carrasco (UAC) también valora el hecho de que las universidades privadas lograron la autonomía para crear carreras y entregar títulos profesionales y el rector Zúñiga (U del Mar) destaca la preservación del sistema mediante la introducción de nuevas regulaciones.

Como destaca José Rodríguez, rector de la USM, "el Gobierno de la Presidenta Bachelet aumentó en forma significativa una serie de ayudas a los estudiantes. Fue su liderazgo y sus directrices las que se concretaron. No recuerdo a otro presidente que se haya preocupado tanto de las ayudas sociales en esta dirección".

INSTITUCIONALIDAD

Cada vez que un rector piensa en el futuro de la educación superior y en cuáles son los ámbitos en que se debe avanzar, son los conceptos de calidad, institucionalidad, investigación y financiamiento, los que surgen espontáneamente.

Muchos piensan que los cambios deben empezar por una redefinición del aparato estatal. José Rodríguez (USM), indica que "no puede ser que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas sea el ente oficial a través del cual el Gobierno se relacione con las universidades, considerando que lo integran 25 planteles, en un país donde hay más de 60".

El rector de la PUCV, Alfonso Muga, es "partidario de que se rediseñe la estructura y exista una subsecretaría de educación superior y ciencia, para incorporar todos los aspectos de desarrollo científico que actualmente son llevados adelante por Conicyt". Con esto, habría también consecuencias interesantes para las áreas de desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Coincide con el rector de la UV, Aldo Valle, quien aboga por "aumentar los aportes para investigación e innovación. Chile tiene no más que un O,7% del PIB en gasto público y privado en ciencia y tecnología. Esto es una vergüenza y un límite para nuestra incorporación al club del desarrollo".

Algunos representantes de universidades privadas apelan, más que a los cambios en las políticas estatales en educación superior, a mejorar el propio desempeño. Es así como el rector José Weinborn (UST) promueve "asumir en nuestros planteles la educación de calidad internacional. La acreditación no necesariamente puede significar rigidez de planes, sino también, a mi juicio, debiera premiarse la innovación y creatividad en programas, que incluso tengan una vinculación específica con regiones de Chile".

Por su parte, Germán Carrasco de la Universidad de Aconcagua pide flexibilizar el sistema de acreditación, con el ingreso de instituciones privadas a la certificación de calidad.

FACTOR LAVÍN

En un momento en que enfrentamos el inicio de un gobierno en que cambian la coalición y los rostros al mando del país, los rectores plantean sus expectativas en torno a la nueva administración estatal.

Todos tienen muy buena opinión del nuevo Ministro de Educación Joaquín Lavín Infante, dada su experiencia en las municipalidades de Las Condes y Santiago, su paso por la vicerrectoría de la Universidad del Desarrollo, su clara vocación de servicio público, su disposición al diálogo y el innegable peso político que tiene dentro de la Coalición por el Cambio.

En cuanto al programa de educación expuesto por Sebastián Piñera durante su campaña a la presidencia, los rectores Muga (PUCV), Valle (UV) y Castro (UVM) aplauden la continuidad del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (MECESUP).

También se valora la promesa de aumentar la inversión en investigación, ciencia, tecnología e innovación, que a juicio de muchos es vital para que Chile alcance el desarrollo que tanto persigue.

Patricio Sanhueza, rector de la UPLA, opta también por considerar otros aspectos. "Así como el estado se preocupa que los servicios sean de calidad, también debe focalizar en el arte y la cultura, en la relación gobierno-empresa-universidad, de seguir posgraduando gente. Hay que buscar los impactos de ciertas áreas", indica.

José Rodríguez (USM) y Héctor Zúñiga (U del Mar) plantean la relevancia de que no haya discriminaciones en el acceso a las diversas fuentes de financiamiento. Tomando en cuenta que la eduación superior se financia casi totalmente en forma privada, el rector de la USM explica que "la carga de estudiar en una universidad es demasiado alta para las familias chilenas y eso debe ser corregido".