ROSA ZAMORA
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Normas de regulación intercomunal que datan de hace casi medio siglo generan problemas y conflictos por demandas de distintas actividades sobre el mismo territorio.

El plan regulador intercomunal que rige en el Gran Valparaíso y comunas vecinas es cuatro años más antiguo que la llegada del hombre a la luna: 1965. Y la elaboración del nuevo demora ya 14 años, más que la tramitación de la ley de divorcio -que tardó ocho- y a poca distancia de la ley del bosque nativo, que cobró vigencia (y fama de lenta) 17 años después de ingresar al Parlamento.
Pero aquí no se trata de récord, sino de una cuestión tan relevante como la carta de navegación llamada a orientar en un horizonte de 30 años el desarrollo de las ciudades que conforman el Área Metropolitana de la V Región, así como Casablanca, Quintero y Puchuncaví, que a falta de un ordenamiento actualizado ven cómo se posponen inversiones habitacionales y productivas que no tienen dónde ubicarse, y cómo la localización de otras entra en conflicto con los intereses comunales.
La razón es obvia: muchas cosas han pasado en 45 años, entre ellas la expansión de las comunas donde en los años 60 del siglo pasado los límites urbanos estaban a la salida del centro. Es cosa de ver el caso de las ex petroleras, instaladas con todas las de la ley en la recta de Las Salinas, terrenos en ese entonces industriales que quedaban en las afueras de Viña del Mar.
La modernización y el nivel de desarrollo alcanzados por el país imponen sus propios ritmos y demandas sobre las ciudades, servicios, equipamiento e infraestructura, que no son ni remotamente parecidos a los de la década del ‘60, cuando la memoria del computador del Apolo 11 era menor a la de cualquier teléfono celular de nuestros días.

URGENCIA MAYOR
Cuatro terremotos después (1965, 1971, 1985 y 2010), el Plan Regulador Intercomunal Metropolitano Valparaíso (Premval) tiene que reactualizar el ordenamiento territorial para Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana,  Casablanca, Quintero y Puchuncaví.
Su elaboración corresponde a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo (seremi Minvu) , con consulta a las municipalidades correspondientes e instituciones fiscales que se estime necesario. Debe establecer zonificación general, equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión y densidades, entre otros factores señalados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y ha tenido una tramitación accidentadísima. Si en algo todos coinciden es en su urgencia.
Además tiene efecto multiplicador. Por ejemplo, su atraso arrastra al Plan Intercomunal de la Provincia de Quillota, lo que el alcalde Luis Mella no se cansa de reiterar porque, dice, “tenemos pendientes desde hace mucho decisiones fundamentales para el desarrollo de la provincia”.

VÍA CRUCIS
La peregrinación del Premval comenzó a tener sus más duros tropiezos en mayo de 2008 cuando la Contraloría Regional formuló 55 objeciones a su contenido, entre otras: falta de aprobación de los planos adjuntos a los documentos, escasa mención de la situación jurídica de las zonas que no se incorporaban y errores en algunas de las fechas informadas.
Tras su regreso al Consejo Regional (Core), en febrero de 2009, fue aprobado por 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Y en agosto sorteó exitosamente en la Corte Suprema un recurso presentado por vecinos de Quilpué en defensa de la protección de sus áreas verdes.
Pero a comienzos de septiembre, la segunda versión con las correcciones pertinentes también fue rechazada por la Contraloría, que esta vez le formuló 77 reparos, ya que determinó que se omitieron algunas normas y se incluyeron artículos que habían sido eliminados por el Core,  entre otras observaciones.
Así las cosas, la ex ministra de Vivienda, Patricia Poblete, envió ese mismo mes un instructivo a todas las seremis de su dependencia (página 12) en el cual formuló una serie de exigencias y revisiones adicionales en el nivel central de todos los proyectos de reformulación de planes reguladores intercomunales y metropolitanos para evitar la repetición de situaciones como esta.
El ex seremi Minvu, Miguel Toledo, estimó entonces que la siguiente propuesta debía tomar entre 45 y 60 días, pero sumados a las distintas etapas del procedimiento posterior demandaría no menos de seis meses. Entre noviembre y diciembre, el Premval entró, salió y volvió a entrar al proceso de evaluación ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), fase en que los servicios involucrados tenían plazo hasta el 4 de enero para realizar observaciones. Pero vinieron las vacaciones y el terremoto.

Manuel Millones.

EL FACTOR AMBIENTAL
En esas condiciones recibió en marzo el Premval el nuevo seremi de Vivienda, Matías Avsolomovich, quien plantea que las observaciones de Contraloría son una oportunidad más que un problema, puesto que señalan taxativamente qué puede y qué no  puede abordar el instrumento regulador, especialmente en alusión a puntos o áreas de resguardo ambiental que se introdujeron en las versiones anteriores y que no estaban declarados como tales por los organismos o entidades competentes.
“Lo que el Premval no puede hacer es declarar zonas, pero sí puede asumir zonas declaradas” (como áreas de protección), explica el seremi. Por eso el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core, Manuel Millones, otros consejeros y parlamentarios, están realizando una labor complementaria orientada a oficializar tales declaraciones de corte ambiental para que el Premval sí las pueda acoger y resguardar.
“Para nosotros es un trabajo muy positivo porque creo que gran parte de esos 14 años estuvieron dedicados a consensuar un sinnúmero de acuerdos que en definitiva no eran materia del Premval”, añade Avsolomovich.

Matías Avsolomovich.

“Desde el punto de vista de la zonificación, este Premval es más conservador que el anterior”, acota Manuel Millones. “Hemos logrado imprimir una mirada de territorio sustentable y además no tengo dudas de que concitará mayor acuerdo, porque no será un ‘traje a la medida’ para ninguna comuna ni inmobiliaria, sino un plan intercomunal que genera una expansión urbana razonable, pero también crea pulmones verdes para las diferentes comunas, pudiendo consolidarse en parques urbanos si los privados y el gobierno están dispuestos a concretar esa inversión”.

SECTOR CONSTRUCCIÓN

“Es evidente que el actual es un instrumento de regulación obsoleto, sobrepasado absolutamente en todas las comunas que involucra”, comenta el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Miguel Pérez, quien cree que por muy futuristas que hayan sido los planificadores de ayer,  difícilmente podían haber previsto las nuevas direcciones del desarrollo o las necesidades de vialidad, cobertura sanitaria, energía eléctrica, entre muchos otros servicios.
De ese modo, agrega, hoy existe disponibilidad de terrenos para ejecutar proyectos habitacionales o productivos, pero no pueden usarse porque carecen de las pertinentes condiciones de uso de suelo, lo cual incide en la forma de crecimiento de las ciudades,  impacta fuertemente a la vivienda subsidiada por la escasez y encarecimiento del suelo, así como a la localización de empresas e industrias, que finalmente emigran a lugares que tienen resueltos esos problemas, con todo lo que eso implica en materia de generación de empleo.
“Entonces vamos perdiendo actividades importantes para la zona porque sencillamente  no generamos las condiciones para que ellas se puedan instalar de una manera adecuada y planificada”, expone el dirigente empresarial. Pero también observa que aun cuando el sector que representa ha sido crítico con la demora en la elaboración del nuevo regulador intercomunal, porque la tardanza puede atentar contra la vigencia y pertinencia de determinadas normas, “pensamos que es mucho mejor que se promulgue porque es más cercano a lo que necesitamos que lo que está vigente hoy día”.

ALGUNOS ACUERDOS
“Para nosotros este instrumento  es fundamental porque la región requiere tener las reglas claras para que inversionistas  se interesen en instalarse aquí, y para poder consensuar de alguna manera los planes de desarrollo de la región con el Premval”, sostiene el seremi.
Como lo dispone la ley, la repartición que dirige está en fase de conversaciones con los equipos técnicos y los alcaldes de las comunas involucradas, “de modo de recuperar para el Premval aquellos acuerdos que sí están dentro del ámbito de nuestra competencia”.
En ese marco, el primer gran acuerdo seremi Minvu-municipios se dio en el área de Quintero-Puchuncaví, comunas que han mantenido bulladas controversias con empresas instaladas o en instalación en sus respectivas jurisdicciones. La solución incluye regularizar la zona industrial, limitándola con una zona de amortiguación de área verde, así como potenciar el uso del borde costero y preservar la zona de campos dunares de Ritoque.
También la seremi Minvu está en etapa de acuerdos técnicos con las municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar, ámbito en que Avsolomovich destaca la coincidencia de propuestas y observa que en el primer caso uno de los aspectos más significativos es reconocer como zona de extensión urbana las áreas que hoy ya están consolidadas en Laguna Verde.
En la misma línea, con Casablanca hay acuerdos en el sentido de reconocer una zona complementaria al uso industrial, con servicios para el transporte intermodal, y consolidar la zona urbana reduciendo el número de villorrios aledaños a la carrera.
En Quilpué, en tanto, uno de los puntos que todavía no está definido es el sector aledaño al fundo El Carmen. “Pero sí está claro que se asume un crecimiento natural del parque zoológico gravando un área de parque intercomunal de un hectareaje muy superior al que actualmente tiene” ese recinto.
El área que más crece en materia de extensión urbana es Quintero, dice Matías Avsoloomovich, quien plantea que el regulador intercomunal reconoce las zonas urbanas existentes y no tiene ninguna competencia en ellas. “Lo que hace es agregarles zonas de extensión urbana y les otorga normas supletorias, vale decir, que reconocen a nivel macro un potencial desarrollo”.

Miguel Pérez.

DE LO MACRO A LO MICRO
Sin embargo,  son finalmente los propios municipios, a través de los planos reguladores comunales, los encargados de dar las normas finales a las zonas definidas a nivel macro.
“Mientras los municipios no elaboren las normas finales, rigen las supletorias. Por eso es fundamental, ahora, que los municipios actualicen rápidamente sus planos reguladores en función de cuáles son los lugares que desean prioritariamente que se desarrollen, de modo de  darles normas para que no se generen usos indiscriminados o irregulares de crecimiento de las ciudades”.
De todos modos, el compromiso de la seremi Minvu es enviar el Premval a Conama para su evaluación ambiental a fines de este mes. Esperemos que esta vez resulte.

Severo Instructivo ministerial sobre procedimientos en planes reguladores

Luego del segundo rechazo del Premval, en septiembre de 2009, la entonces ministra de Vivienda, Patricia Poblete, envió el instructivo N° 0466  a las secretarías regionales ministeriales de su dependencia sobre las medidas que debían adoptar respecto de la formulación, revisión y  aprobación de los planes reguladores.
Ello a raíz de diversas devoluciones de estos instrumentos por parte de la Contraloría General que “se relacionan principalmente con incumplimientos de la normativa de urbanismo y construcciones vigente”.
El instructivo indica que cada vez que dichas secretarías ministeriales elaboren o modifiquen un plan regulador comunal deben “ceñirse estrictamente al ámbito de acción que la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General les delegan, no pudiendo aceptar la incorporación de normas que se aparten de este ámbito”.
En ningún caso  -observa- “estos instrumentos están facultados para regular otras disposiciones que no sean normas urbanísticas, como tampoco atribuir nuevas facultades a organismos públicos” .  Igualmente, no corresponde “idear nuevas normas y/o procedimientos de aprobación para proyectos, autorizaciones o permisos, así como requerimientos –sin respaldo legal alguno-, de estudios u otros”.
En los casos de formulación o modificación de instrumentos de nivel intercomunal, además de observarse estrictamente lo anterior,  “se deberá solicitar a la División de Desarrollo Urbano de este Ministerio, la revisión del proyecto de plan regulador intercomunal” previo a su envío en consulta a los municipios.
Los instrumentos intercomunales o metropolitanos que ya superaron esa etapa de consulta, “también deberán ser enviados a la División de Desarrollo Urbano para su revisión”.
Agrega que aun cuando dicha revisión no figura entre las exigencias del proceso de aprobación de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, producto de la gravedad de los hechos ocurridos la ministra estima imprescindible esa instancia de revisión de la labor que les compete realizar a las secretarías ministeriales en esas materias.
Finalmente, señala que “no se aceptará que en la revisión de los instrumentos de planificación  se repitan las observaciones de incumplimiento de la normativa de urbanismo y construcciones a que deben ajustarse obligatoriamente los planes reguladores”.