En su anuncio sobre el indulto Bicentenario, el Presidente Sebastián Piñera demostró su voluntad de gobernar para la totalidad de los chilenos, buscando ante todo el bien común.

Sin duda, concilió el respeto que tiene el Gobierno hacia las distintas visiones de la sociedad chilena en la materia, pero al mismo tiempo, ratificó su compromiso con la tarea de velar por la seguridad pública y avanzar en la lucha contra la delincuencia.

Su anuncio acogió el espíritu de las propuestas de las Iglesias Católica y Evangélica en materia de perdón, compasión y reconciliación a través del ejercicio de la facultad presidencial de otorgar indultos particulares. No obstante, fue claro en señalar que en las circunstancias actuales, no es prudente ni conveniente un indulto general, menos si se considera que en menos de 10 años se han realizado ya tres concesiones generales de indulto y perdón.

Por lo tanto, anunció que hará uso de sus facultades en forma prudente y restrictiva, tomando en consideración razones de carácter humanitarias debidamente acreditadas, pero siempre y cuando no debiliten la lucha firme y decidida contra la delincuencia y el narcotráfico, y el respeto irrestricto a los DD.HH.

Pero además, cabe destacar que a través de este anuncio, el Gobierno impulsa una profunda reingeniería y modernización del sistema penitenciario compartiendo con las Iglesias su preocupación por las condiciones de vida de quienes están hoy presos en las cárceles chilenas.

Por esta razón, el Presidente anunció un plan que contempla la construcción de más y mejores recintos penitenciarios, la ampliación y mejora de las instalaciones existentes, el rediseño de instalaciones penitenciarias en ejecución y el impulso de tratados que permitan el traslado de condenados extranjeros para que cumplan el resto de sus condenas en sus países de origen.

Adicionalmente, se realizará una completa revisión de la situación de los internos en las cárceles para mejorar las condiciones de vida de los reclusos y de trabajo de los gendarmes, modificar reglamentos penitenciarios para lograr mejoras en el trato a los internos, beneficios intrapenitenciarios, sistemas de visitas de los familiares, apoyo religioso y psicológico, asistencia legal a los más débiles y oportunidades de estudio, deporte, cultura, rehabilitación, reinserción social y empleos remunerados para los presos.

Finalmente, este plan contempla el fortalecimiento y reforma de las penas alternativas a la privación de libertad y un adecuado régimen de control de ellas, aumentando el número y capacitación de los delegados que las controlan y la aplicación de tecnologías de punta, como el brazalete electrónico y el control domiciliario, para ciertos casos.

Nadie puede negar que con ello, el Presidente Sebastián Piñera ha demostrado que está trabajando para lograr lo mejor para Chile y el bienestar de sus habitantes, valorando y considerando propuestas de todos los sectores de la sociedad que aportan a un debate que fortalece nuestra democracia.